Importantes cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

De los muchos cambios y reformas legislativas que se han producido en las últimas fechas, una de las más significativas es la que ha afectado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, norma que marca las reglas del juego del procedimiento penal, y que ha venido a modernizar y a recoger aspectos demandados por la sociedad y otros que tratan de convertir dicho procedimiento penal en más ágil y eficaz.

Los títulos de las dos leyes que han venido a modificar dicho cuerpo legal son bastante significativos. A saber, la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de la investigación tecnológica, y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

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Una de las modificaciones más importantes es la que afecta a la duración de la instrucción judicial. Por desgracia, en los últimos tiempos hemos asistido con frecuencia en los medios de comunicación al desfile de terminología procesal penal como consecuencia de la multitud de causas abiertas derivadas de los múltiples casos de corrupción que han asolado nuestra sociedad. Uno de los términos más repetidos es el de la instrucción de los procedimientos penales, que no es otra cosa que la fase de investigación que lleva a cabo un Juez instructor en la que se tratan de esclarecer determinados hechos presuntamente constitutivos de delito y de recabar todas las pruebas posibles sobre los mismos a fin de que, si resultan ser delictivos, puedan ser posteriormente enjuiciados en la fase de juicio oral por otro Juez o Tribunal diferente al instructor.

Pues bien, en muchos casos esa fase de instrucción se eterniza (por ejemplo, el caso de los ERE de Andalucía o el caso Noos, entre otros), convirtiendo al proceso penal en ineficaz y provocando un juicio social paralelo que no se debería producir antes de que un Juez dictara una sentencia condenatoria. Ahora, con la modificación se introducen límites temporales en dicha instrucción judicial, estableciéndose en seis meses para las causas sencillas y en dieciocho meses para las complejas, prorrogables por iguales períodos. Considero que dicha modificación es un acierto al limitar dicha fase de instrucción, sin embargo también corremos el riesgo de que, ciertas causas que resultan ser muy complejas en la investigación y en la obtención de pruebas, puedan quedar impunes al llevarse a cabo una instrucción insuficiente, puesto que se ha marcado un tiempo máximo para la misma. No obstante, entiendo que la reforma era necesaria en aras de agilizar el proceso penal.

La limitación comenzará a aplicarse a los sumarios ya abiertos, aunque para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el tiempo ya transcurrido de instrucción.

Otra modificación importante es la que se ha operado para los procesos llamados macrocausas, en los que existen múltiples imputados y múltiples delitos. Ahora se podrán separar las diferentes piezas de dichos macroprocesos, de manera que pueda instruirse de modo independiente una causa por cada delito, y que puedan enjuiciarse individualmente, sin esperar a la finalización de una farragosísima instrucción que afectaba a una pluralidad de delitos y que no se podía alcanzar la fase de juicio hasta que no finalizase la instrucción de todos los delitos en su conjunto.

Otro término que cambia es el del famoso “imputado”, que es la persona sobre la que recaen, en fase de instrucción, indicios racionales de comisión de un delito, aunque un imputado no es ni mucho menos un condenado, como la sociedad casi nos lo ha querido hacer ver en los últimos tiempos. Un imputado puede incluso llegar a dejar de serlo en fase de instrucción al no encontrarse pruebas o indicios suficientes que puedan acreditar que haya sido responsable de un delito, y también puede llegar a ser en su día juzgado y resultar absuelto al no poder demostrarse su culpabilidad, por lo que la identificación entre el término imputado y condenado ha llegado a ser totalmente nociva, de ahí su modificación.

En la actualidad el imputado pasa a ser “investigado”. Si resultaran indicios suficientes de criminalidad en la fase de instrucción, pasará a denominarse “encausado”, término equivalente al de acusado. Pero no olvidemos que una persona es culpable sólo en el momento en que un Juez dicta una sentencia condenatoria, no antes.

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También es digna de mención la modificación que se hace a fin de acabar con las llamadas “penas de telediario”, es decir, se regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de una persona durante su detención. Para ello los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podrán adoptar las medidas necesarias dirigidas a evitar esas exposiciones públicas que ayudan a prejuzgar socialmente a una persona. Recordemos, entre otros muchos casos de famosos, el escarnio público de la introducción de Rodrigo Rato en un vehículo policial por parte de un agente en el momento de su detención.

Sin ánimo de ser exhaustivo, me referiré por último, a la regulación que se va llevando a cabo sobre las nuevas tecnologías. Hemos de destacar que se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, tales como los SMS y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de whatsapp, evidentemente contando siempre con previa autorización judicial.

Además, el juez podrá autorizar la utilización de claves, códigos y un software de vigilancia (similar a virus o troyanos) en un ordenador, un teléfono móvil o un dispositivo electrónico sin que el titular tenga conocimiento de su intervención.

La Ley hace hincapie en que, si se autorizan estas intervenciones, deberán estar totalmente justificadas por lo que la resolución judicial que autorice dicha injerencia deberá precisar el ámbito objetivo y subjetivo de la medida, además de razonarse de modo pormenorizado que cumple con los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

También el texto introduce la figura del agente encubierto en internet, que no es otra cosa que un policía que podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa. Recabando la correspondiente autorización judicial, el agente encubierto podrá obtener imágenes, grabar conversaciones y actuar en canales cerrados de comunicación, intercambiando o enviando archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de una investigación, provocando con ello la intervención más clara del presunto delincuente al que se le está investigando, facilitando con ello la obtención de pruebas más claras que demuestren la culpabilidad del ciberdelincuente.

La reforma recoge más variaciones que no podemos tratar de un modo total en este artículo por lo que podrán ser objeto de análisis en un momento posterior.

En definitiva, todo cambio legislativo conlleva críticas a favor y en contra, y éste no va a ser menos. Sin embargo, considero que es necesario ir modernizando las leyes conforme a los avances que va experimentando la sociedad. Sólo una perspectiva temporal nos dará los elementos de valoración necesarios para analizar el carácter positivo o negativo de la reforma analizada, a medida que vaya siendo aplicada por los Juzgados y Tribunales y se vaya comprobando su utilidad y eficacia. Hasta entonces, bienvenidas sean estas modificaciones.

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