Regulación de las vacaciones: Retribución y disfrute

La Constitución Española recoge el derecho de los trabajadores a disfrutar de un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas para contratos laborales de un año (para contratos inferiores hay que calcular la proporción). Una excepción son los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que tienen derecho a 18 días hábiles pagados de interrupción de contrato.

vacaciones laboables

Las fechas de disfrute de las vacaciones serán fijadas entre el empresario y trabajador y podrán ser fraccionadas, siempre y cuando una de esas fracciones abarque mínimo 2 semanas laborables ininterrumpidas. El calendario de las vacaciones se debe conocer como mínimo dos meses antes de su comienzo.

Las vacaciones suelen disfrutarse en el año natural a excepción de si coinciden con un permiso por maternidad o paternidad, enfermedad o accidente.

Cuando se rescinde o termina el contrato, las vacaciones que no hayan sido disfrutadas deben incluirse en la liquidación, cotizándose por ellas. En el resto de casos no será posible compensar las vacaciones con dinero.

En el período vacacional, el trabajador recibirá el mismo salario que en una jornada ordinaria de trabajo. Complementos como dietas por desplazamiento, plus de transporte o comisiones por venta, no serán incluidos a no ser que se hayan pactado con anterioridad.

El trabajador durante su periodo vacacional tiene libertad y, por lo tanto, podrá realizar tareas laborables para otra empresa. Este aspecto es muy delicado, puesto que podrá llevar las tareas a cabo siempre y cuando no se haya pactado la no concurrencia, y aunque no se haya pactado, no incurra en concurrencia o competencia desleal, desempeñando tal actividad en el sector en el que el trabajador presta sus servicios en la empresa en la que está contratado. En estos casos, existiría  un incumplimiento grave y culpable del trabajador que podría conllevar como sanción incluso el despido.

¿Te ha quedado alguna duda? En Leasba te asesoramos y ayudamos.

Retos regulatorios de las nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías vienen pisando fuerte generando avances y mejoras. Sin embargo, no pueden estar ajenas al Derecho y, desde este punto de vista, existe una gran falta de regulación que proteja las tecnologías y velen por los derechos de los usuarios.

Una de las principales dificultades para las empresas, es la existencia de normativas diferentes en cada país, por lo que deberán cumplir unas u otras en función del país en el que se quieran instalar e independientemente de su país de origen.

A continuación, vamos a analizar algunas de estas nuevas tecnologías que aún no tienen demasiadas regulaciones.

Cloud Computing 

cloud computing

La nube es una gran oportunidad para las empresas ya que les permite alojar todo un software en la red sin necesidad de instalarlo en el ordenador, y con un bajo coste. El inconveniente que plantea es el desconocimiento del nivel de protección de los datos o de la información almacenada.

Las empresas proveedoras de servicios en la nube pueden almacenar los datos en cualquier parte del mundo, aspecto que tiene sus ventajas como la protección de los datos, pero también produce controversias a la hora de aplicar la ley.

Según la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) no es posible subir datos a la nube sin verificar en qué país o países se encuentran y, además, dichos países deberán tener una legislación de protección de datos similar a la nuestra.

Big data

En la actual LOPD no se especifica una normativa específica para el Big Data, aunque si se limita el cruce de datos con el objetivo de preservar la privacidad de los usuarios. Además, los usuarios deben dar su consentimiento para que las empresas recaben información sobre ellos.

Todos los datos recogidos deben ser empleados con el objetivo para el que fueron recabados, a excepción de los datos obtenidos con “disociación de la identidad desde su origen” que quedan excluidos de su tratamiento bajo la regulación de la LOPD.

Redes Sociales

Los consumidores ya no solo consumen, si no que ahora son creadores de contenidos. Este hecho dificulta la gestión de la propiedad intelectual, que en muchos casos es cedida a las plataformas digitales en las que se cuelgan esos contenidos. Además, esto implica que puedan ser utilizadas por cualquier usuario, vulnerando así los derechos de la Propiedad Intelectual.

Otro aspecto es la suplantación de la identidad de los usuarios en las redes sociales, aspecto que aún no está regulado. En caso de que esto ocurra se recomienda acudir a las plataformas digitales para que solucionen el problema antes de tomar acciones legales.

Drones

dron

La regulación de los drones lleva vigente en España casi dos años. Según esta regulación existen dos tipos de drones para los que es necesario estar en posesión de un carnet de piloto. En cualquiera de los casos, queda prohibido sobrevolar núcleos urbanos o espacios con alta masificación de gente y se debe pedir un permiso expreso a AESA.

Estas restricciones ponen un límite a las aplicaciones de esta nueva tecnología, ya que empresas como Amazon están estudiando la posibilidad de emplearlos para entregar sus productos a los clientes de forma más rápida y eficiente. Países como Estados Unidos ya ha cambiado su legislación para facilitar a las empresas esta aplicación, ¿deberá España seguir con el ejemplo?

Coches autónomos

En los países pertenecientes a la Unión Europea aún no existe una normativa para estos vehículos. Tan sólo se menciona que deberá haber siempre una persona al volante. Para permitir que estos vehículos circulen por las carreteras de nuestro país deberá existir una homologación de los vehículos y una legislación sobre seguros y responsabilidad civil. La mayor incógnita que se plantea actualmente es quien sería el responsable en caso de accidente.

Impresoras 3D

impresora 3d

Las impresoras 3D ya son asequibles por los consumidores que pueden comenzar a escanear sus propios objetos.

La regulación de esta nueva tecnología deberá atender cuestiones jurídicas sobre la Propiedad Intelectual e Industrial, como la descarga de los diseños ilegalmente, la fabricación de objetos patentados o la fabricación de productos de marcas que puedan no distinguirse del producto original.

Importantes cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

De los muchos cambios y reformas legislativas que se han producido en las últimas fechas, una de las más significativas es la que ha afectado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, norma que marca las reglas del juego del procedimiento penal, y que ha venido a modernizar y a recoger aspectos demandados por la sociedad y otros que tratan de convertir dicho procedimiento penal en más ágil y eficaz.

Los títulos de las dos leyes que han venido a modificar dicho cuerpo legal son bastante significativos. A saber, la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de la investigación tecnológica, y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

police-224426_960_720

Una de las modificaciones más importantes es la que afecta a la duración de la instrucción judicial. Por desgracia, en los últimos tiempos hemos asistido con frecuencia en los medios de comunicación al desfile de terminología procesal penal como consecuencia de la multitud de causas abiertas derivadas de los múltiples casos de corrupción que han asolado nuestra sociedad. Uno de los términos más repetidos es el de la instrucción de los procedimientos penales, que no es otra cosa que la fase de investigación que lleva a cabo un Juez instructor en la que se tratan de esclarecer determinados hechos presuntamente constitutivos de delito y de recabar todas las pruebas posibles sobre los mismos a fin de que, si resultan ser delictivos, puedan ser posteriormente enjuiciados en la fase de juicio oral por otro Juez o Tribunal diferente al instructor.

Pues bien, en muchos casos esa fase de instrucción se eterniza (por ejemplo, el caso de los ERE de Andalucía o el caso Noos, entre otros), convirtiendo al proceso penal en ineficaz y provocando un juicio social paralelo que no se debería producir antes de que un Juez dictara una sentencia condenatoria. Ahora, con la modificación se introducen límites temporales en dicha instrucción judicial, estableciéndose en seis meses para las causas sencillas y en dieciocho meses para las complejas, prorrogables por iguales períodos. Considero que dicha modificación es un acierto al limitar dicha fase de instrucción, sin embargo también corremos el riesgo de que, ciertas causas que resultan ser muy complejas en la investigación y en la obtención de pruebas, puedan quedar impunes al llevarse a cabo una instrucción insuficiente, puesto que se ha marcado un tiempo máximo para la misma. No obstante, entiendo que la reforma era necesaria en aras de agilizar el proceso penal.

La limitación comenzará a aplicarse a los sumarios ya abiertos, aunque para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el tiempo ya transcurrido de instrucción.

Otra modificación importante es la que se ha operado para los procesos llamados macrocausas, en los que existen múltiples imputados y múltiples delitos. Ahora se podrán separar las diferentes piezas de dichos macroprocesos, de manera que pueda instruirse de modo independiente una causa por cada delito, y que puedan enjuiciarse individualmente, sin esperar a la finalización de una farragosísima instrucción que afectaba a una pluralidad de delitos y que no se podía alcanzar la fase de juicio hasta que no finalizase la instrucción de todos los delitos en su conjunto.

Otro término que cambia es el del famoso “imputado”, que es la persona sobre la que recaen, en fase de instrucción, indicios racionales de comisión de un delito, aunque un imputado no es ni mucho menos un condenado, como la sociedad casi nos lo ha querido hacer ver en los últimos tiempos. Un imputado puede incluso llegar a dejar de serlo en fase de instrucción al no encontrarse pruebas o indicios suficientes que puedan acreditar que haya sido responsable de un delito, y también puede llegar a ser en su día juzgado y resultar absuelto al no poder demostrarse su culpabilidad, por lo que la identificación entre el término imputado y condenado ha llegado a ser totalmente nociva, de ahí su modificación.

En la actualidad el imputado pasa a ser “investigado”. Si resultaran indicios suficientes de criminalidad en la fase de instrucción, pasará a denominarse “encausado”, término equivalente al de acusado. Pero no olvidemos que una persona es culpable sólo en el momento en que un Juez dicta una sentencia condenatoria, no antes.

defense-attorney-840062_960_720

También es digna de mención la modificación que se hace a fin de acabar con las llamadas “penas de telediario”, es decir, se regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de una persona durante su detención. Para ello los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podrán adoptar las medidas necesarias dirigidas a evitar esas exposiciones públicas que ayudan a prejuzgar socialmente a una persona. Recordemos, entre otros muchos casos de famosos, el escarnio público de la introducción de Rodrigo Rato en un vehículo policial por parte de un agente en el momento de su detención.

Sin ánimo de ser exhaustivo, me referiré por último, a la regulación que se va llevando a cabo sobre las nuevas tecnologías. Hemos de destacar que se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, tales como los SMS y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de whatsapp, evidentemente contando siempre con previa autorización judicial.

Además, el juez podrá autorizar la utilización de claves, códigos y un software de vigilancia (similar a virus o troyanos) en un ordenador, un teléfono móvil o un dispositivo electrónico sin que el titular tenga conocimiento de su intervención.

La Ley hace hincapie en que, si se autorizan estas intervenciones, deberán estar totalmente justificadas por lo que la resolución judicial que autorice dicha injerencia deberá precisar el ámbito objetivo y subjetivo de la medida, además de razonarse de modo pormenorizado que cumple con los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

También el texto introduce la figura del agente encubierto en internet, que no es otra cosa que un policía que podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa. Recabando la correspondiente autorización judicial, el agente encubierto podrá obtener imágenes, grabar conversaciones y actuar en canales cerrados de comunicación, intercambiando o enviando archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de una investigación, provocando con ello la intervención más clara del presunto delincuente al que se le está investigando, facilitando con ello la obtención de pruebas más claras que demuestren la culpabilidad del ciberdelincuente.

La reforma recoge más variaciones que no podemos tratar de un modo total en este artículo por lo que podrán ser objeto de análisis en un momento posterior.

En definitiva, todo cambio legislativo conlleva críticas a favor y en contra, y éste no va a ser menos. Sin embargo, considero que es necesario ir modernizando las leyes conforme a los avances que va experimentando la sociedad. Sólo una perspectiva temporal nos dará los elementos de valoración necesarios para analizar el carácter positivo o negativo de la reforma analizada, a medida que vaya siendo aplicada por los Juzgados y Tribunales y se vaya comprobando su utilidad y eficacia. Hasta entonces, bienvenidas sean estas modificaciones.

Nulidad de la cláusula suelo y retroactividad total

En el presente artículo, vamos a intentar aproximarnos a algunos aspectos relativos a la conflictividad que, en los últimos tiempos, se ha venido produciendo como consecuencia de la introducción en los contratos de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda de la cláusula limitativa de interés variable o, más comunmente conocida como cláusula suelo.

clásura suelo

Debemos, en primer lugar, hacer referencia a un aspecto de capital importancia. En el momento en el que los Tribunales de Justicia declaran nula la cláusula suelo del préstamo hipotecario están refiriéndose exclusivamente a dicha cláusula, subsistiendo el resto del contrato de modo totalmente válido para las partes firmantes (entidad financiera y prestatario).

 

En efecto, es muy importante subrayar que en las sentencias que se vienen dictando no se declara una nulidad de pleno derecho del contrato de préstamo hipotecario por falta de alguno de los elementos esenciales del contrato (consentimiento, objeto o causa), a la que habría que aplicar el artículo 1.261 del Código Civil o, en su caso, el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal y que vendría a privar de eficacia jurídica a la totalidad del contrato desde el momento en el que se celebró, sino que lo que se viene declarando nula por los Tribunales de Justicia es unicamente una cláusula de ese contrato, es decir la cláusula suelo, al calificarse como abusiva por falta de transparencia.

 

Derivado de lo anterior y de las numerosas sentencias dictadas anulando dicha cláusula, surge indefectiblemente la siguiente pregunta, ¿es ilegal la introducción de una cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario? La respuesta debe ser, en principio, que no es ilegal. Aunque la aplicación de la cláusula no es contraria a la ley, según estableció el Banco de España y la Ley hipotecaria española si resulta abusiva cuando los bancos y entidades financieras no informan de su presencia y sus consecuencias. En el contrato hipotecario debe aparecer de forma clara y precisa la clausula y, en todo caso, debe ser explicada de un modo exhaustivo al comprador de vivienda u otro bien. Las propias normas bancarias y de intervención de las entidades de crédito exigen esta transparencia que permite la protección de los suscriptores de hipotecas, siendo esta falta de transparencia el motivo por el que los Tribunales vienen invalidando la cláusula en cuestión.

money

Pues bien, del mismo modo que la falta de algún elemento esencial en un contrato viene a anular la totalidad del mismo con efectos ex tunc (desde el momento en que se firma), eliminando todos sus efectos como si nunca hubiese existido, la anulación de una cláusula contenida en un contrato ha de tener el mismo efecto, esto es, la completa eliminación de sus efectos con total carácter retroactivo (ex tunc), como si nunca hubiese existido en el contrato.

 

Y es en este punto en donde se produce la actual diatriba y la incongruencia jurídica que ha provocado el Tribunal Supremo en la ya famosa Sentencia de 9 de mayo de 2013, en la que se vinieron a declar nulas las cláusulas suelo de las hipotecas por falta de transparencia y, paradójicamente, no viene a reconocer el natural efecto jurídico que se deriva de la declaración de dicha nulidad, es decir, la aplicación de la total retroactividad como si la cláusula nunca hubiese existido.

Esta postura elegida por el Tribunal Supremo choca frontalmente con lo establecido en el artículo 1.303 del Código Civil, el cual esteblece que “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses”.     Es decir, el Alto Tribunal debió decretar la total retroactividad en la anulación de dichas cláusulas resolviendo los procesos favorablemente para el consumidor, que tendría derecho a la devolución de la totalidad de las cantidades indebidamente cobradas por las entidades financieras a lo largo de toda la vida del préstamo.

 

Es público y notorio que la no declaración de la total retroactividad ha venido motivada por el miedo a un posible quebrantamiento del sistema financiero, cuyas consecuencias podrían devolvernos nuevamente a una recesión económica y a los tiempos oscuros que recientemente todos, o casi todos, hemos padecido. El Alto Tribunal argumentaba que no debía imponer la retroactividad porque eso pondría en peligro la solvencia de un sector financiero que acababa de ser rescatado con 40.000 millones de dinero público y, por perseguir la eliminación de un mal -las cláusulas suelo-, se podría acabar provocando un mal mayor -mayores necesidades de dinero público para las entidades-.

 

Empero, con esta decisión, no se hace honora a la Justicia y los Magistrados del Tribunal Supremo lo saben perfectamente, habiéndo prevalecido el interés económico sobre el concepto que le corresponde impartir a los Tribunales, es decir, Justicia con todas sus consecuencias. Por ese motivo y porque esa decisión rechinaba cada día más, el Alto Tribunal, en una nueva sentencia sobre cláusula suelo dictada el 25 de marzo de 2015, y que se hizo pública a mediados del mes de abril, optó ya por reconocer la retroactividad, pero no de un modo completo, estableciendo que las entidades financieras debían devolver a sus clientes lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo sólo desde el mes de mayo de 2013 (fecha de la primera sentencia dictada), por lo que los bancos no tendrán que devolver las cuotas anteriores al fallo del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

 

Con esta decisión, se ha tratado de buscar una postura ecléctica, reconociendo cierta retroactividad, lo que acerca un poco más a la aplicación del artículo 1.303 del Código Civil, pero se queda a medio camino debido al miedo a provocar unos efectos económicos negativos. Algo hemos avanzado pero sigue sin hacerse una total Justicia sobre esta cuestión.

 

La confirmación de la “alegalidad” de tales decisiones del Tribunal Supremo se ha visto confirmada con la postura que recientemente ha adoptado la Comisión Europea, la cual ha emitido un informe firmado en fecha 13 de julio pasado, si bien se enviaron dos correcciones al Tribunal el 14 de septiembre, que tumba la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a tres bancos a devolver las cláusulas suelo de las hipotecas solo desde mayo de 2013. Bruselas pide que se reintegre todo el dinero cobrado por aplicar estas cláusulas desde el inicio del crédito, no solo desde mayo de 2013. La Comisión entiende que no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de lo pagado por el consumidor, ya que si una cláusula es declarada nula, “lo es desde el origen” reconociendo, en consecuencia, una total retroactividad.

 

Los juristas de la Comisión Europea han elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un informe en respuesta a un caso de CajaSur, filial de Kutxabank, por una cláusula suelo de una hipoteca. La demanda fue interpuesta por Ausbanc. Tras 22 folios de razonamiento jurídico, la Comisión desmonta la argumentación de retroactividad parcial sostenida por nuestro Tribunal Supremo.

 

En el escrito, Bruselas razona que, según los artículos 6.1 y 7.1 de la directiva 93/13/CEE, “no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ya ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia”.

money2

¿Y qué pasaría con los afectados por las miles y miles de sentencias ya dictadas que no han reconocido la retroactividad o la han reconocido de modo parcial hasta mayo de 2013? En ese sentido, la Comisión considera que “el cese en el uso de una determinada cláusula declarada nula por abusiva, como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor, no es compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad, salvo que dicha limitación sea necesaria para preservar el principio de cosa juzgada”. Es decir, rinde tributo a la seguridad jurídica ya que, para preservar ésta, la protección que otorga la Directiva tiene como límite infranqueable la cosa juzgada, de tal manera que los casos que hayan sido resueltos por los Tribunales mediante sentencia firme no podrán ser modificados.

 

¿Qué puede pasar a partir de ahora? En primer lugar, debe posicionarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual dirime ahora sobre la legalidad de esta decisión fundamentada en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, y ver qué implicaciones tiene su sentencia.

 

Mientras tanto, se deben mantener ciertas reservas hasta que se posicione el Tribunal de Justicia, pero estas cuestiones prejudiciales parece que podrían cambiar el rumbo de las resoluciones que hasta el momento se han dictado, y que han generado un gran problema de seguridad jurídica.

 

Estaremos expectantes.

 

La Justicia…¿Al alcance de todos?

índice

Hoy abrimos debate con una noticia que ha dado mucho que hablar desde el pasado mes de febrero, la retirada de las tasas judiciales para las personas físicas.

El 2 de Marzo de 2015, fecha en la que podemos decir adiós a la violación de los derechos de las personas físicas, una vez más se vuelven a abrir las puertas de la justicia para todos quedando, aún, anclados a las tasas las pymes.

Una ruidosa protagonista, la ley de las tasas judiciales, ha sido durante los dos años que permaneció en vigor, un tema que ha puesto en duda si un término vital que engloba tanto como es la justicia, está al alcance de todos o no, dejando entre líneas que de puertas para adentro solo optaban a la Justicia los “ricos”, dando portazo a las personas con menos recursos. El artículo 24 de la Constitución consagra el principio y el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, es decir, que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la Justicia en defensa de sus derechos e intereses legítimos. Pues bien, este derecho ha sido flagrantemente vulnerado durante el período de vigencia de esta desafortunada Ley. En efecto, los ricos nunca tuvieron problema, y los que pudieron justificar precarios ingresos y recursos económicos tuvieron derecho a acceder a la Asistencia Justicia Gratuita (el llamado turno de oficio, en el que los honorarios de Procurador, Abogado y las Tasas Judiciales no se pagan). Sin embargo, aquellas personas que no eran beneficiarias de la Justicia Gratuita porque sobrepasaban por poco los umbrales legales exigidos para el acceso a dicho derecho, fueron tremendamente golpeados por los efectos de este despropósito legal puesto que, para poder defender judicialmente sus derechos e intereses, además de contratar y pagar a un Procurador y a un Abogado, se añadía el abono de una tasa que, en primera instancia sobrepasaba los 300 euros si la cuantía del pleito superaba los 6.000 euros y, lo más sangrante, la segunda instancia era absolutamente prohibitiva puesto que, sólo la tasa para un recurso de apelación alcanzaba los 800 euros y para un recurso de casación se podía llegar hasta los 1.200 euros. En fin, una auténtica locura.

Desde luego que las escalofriantes cifras que alcanzaban las tasas adjudicadas no median previamente la relación con la capacidad económica de los ciudadanos, dejando las puertas de la justicia cerradas en numerosos casos. El “afán recaudatorio” fue el principal lema con el que los ciudadanos bautizaron a esta nueva ley y tras la suspensión de la misma, después de dos años en vigor, se desconoce el destino de lo recaudado, que desde un principio se había propuesto para mantener y mejorar la asistencia Jurídica gratuita, sin embargo, a día de hoy el destino de la recaudación se encuentra en paradero desconocido. Pero no solo se desconoce el destino del dinero recaudado sino que se ha comprobado que la litigiosidad no se ha visto reducida por la implantación de las mencionadas tasas por lo que se pone aún más en duda que la entrada en vigor de la citada ley haya sido por mero hecho de mejora social.

El ruido provocado tras la implantación de las tasas judiciales llegó hasta las redes sociales fomentando campañas contras dichas tasas, protagonizadas por abogados, grupos parlamentarios, sindicatos, políticos y en paralelo respondían los ciudadanos al “tasazo” afirmando que no hay motivo que justifique el pago de una tasa para tener el derecho de hacer tu propia Justicia, haciendo hincapié en el excesivo dinero que supondría tener acceso a ella.

¿Se dará una vuelta más y podrán acceder a la justicia pymes y autónomos exentos de pagar las famosas tasas?

Leticia Morán Barrientos

Departamento de Comunicación.

Café con Leasba: Las Preferentes

Hoy os queremos hablar de un tema que lamentablemente sigue siendo actualidad, las preferentes. Para ello nos tomamos un café con nuestro Director de Servicios Jurídicos, Jose Luis Sánchez Calvo, que nos da su opinión sobre el tema.tecnologia-oficina-cafe-ordenadores-portatiles_3342201

“Últimamente, se ha hablado y escrito mucho sobre la tropelía que las entidades financieras llevaron a cabo con sus clientes de toda la vida, que tenían depositados sus ahorros y que no querían correr ningún riesgo. Su actitud ha sido vergonzosa, rompiendo la  confianza generada a lo largo de años y vulnerando el principio de buena fe con engaños a la hora de comercializar estos productos.

Abordaremos el asunto, desde dos perspectivas:

  • Hechos acontecidos y su causa: Cuando la situación económica comenzó a torcerse y las entidades financieras no pudieron tapar el agujero de los impagos de los préstamos concedidos de modo desmedido, necesitaron capital. Y la artimaña fue la captación del mismo para recursos propios. Si se hubiera explicado convenientemente que lo que está contratando no es un plazo fijo o similar, sino que está invirtiendo su dinero en el banco o caja (como accionista), que va a ser de modo perpetuo y con alto riesgo, la mayoría de los afectados no hubieran firmado ni locos.

Pero no sólo no se les informó, sino que se les engañó vilmente, haciéndoles creer que sus ahorros tenían alta rentabilidad, estaban seguros y podían recuperarlos cuando quisieran.

preferentes

  • Breve análisis jurídico: El ordenamiento español, adaptado a las directivas comunitarias, exige que se debe informar a los clientes que vayan a contratar productos financieros, y más cuando éstos son de riesgo, exigiendo una previa clasificación del cliente (MIFID), y sometiéndole a un test de idoneidad.

Es la ausencia de información, o peor, la interesada información errónea transmitida al cliente,  lo que motiva la nulidad de estos contratos suscritos.

En efecto, los elementos esenciales de todo contrato son tres: consentimiento, objeto y causa. El vicio recae en el primero de ellos, existiendo en estas situaciones un diáfano ERROR EN EL CONSENTIMIENTO; error que es invencible, puesto que el ahorrador no podía conocer los riesgos al no ser informado correctamente. Al darse ese error sobre un elemento esencial y no ser imputable al consumidor/ahorrador contratante, deviene la nulidad contractual de pleno derecho.

Al ser nulo el contrato, el afectado recuperará en el juzgado todo su dinero. Así se vienen pronunciando las últimas sentencias judiciales.”

En Leasba Consulting, gracias a nuestros abogados, hemos ganado hasta el momento, con condena en costas para las entidades financieras, todas las demandas interpuestas en defensa de los preferentistas.”

Si eres un afectado, ven a Leasba Consulting, podemos ayudarte a rescatar con éxito tus ahorros.

Somos Leasba: Consultoria y Asesoria

En Leasba Consulting nos hemos propuesto que nos conozcas. Así que hoy os contamos como os podemos ayudar en temas fiscales y financieros.

Sabemos que el ahorro es muy importante, por ello intentamos que disminuyas la carga tributaria que soportas, evitando multas y sanciones administrativas, con una tributación correcta, asesorándote personalmente de forma periódica.

Entrada Asesoria.001 (1)

A continuación te mostramos lo que podemos hacer por tí.

Servicios Jurídicos

En Leasba Consulting nos encargamos de proporcionar asistencia jurídica a empresarios, profesionales y entidades mercantiles, para ello contamos con un grupo de abogados especializados en diferentes ámbitos del derecho público y privado.

Servicios de Contabilidad

¿Eres empresario o tienes una entidad mercantil y estas harto de números, cuentas, facturas…? Nosotros te llevamos la contabilidad, así como un control de la tesorería y las finanzas de tus actividades y un seguimiento continuo del estado financiero de las mismas.

Servicios Tributarios

Es normal que no conozcas la legislación, por eso desde Leasba Consulting te lo ponemos fácil y te proporcionamos información y asistencia completa y periódica acerca de los deberes y obligaciones fiscales que tienes que cumplir.

También te orientamos y aconsejamos acerca de las posibilidades que te permitan un mayor ahorro fiscal, tanto para ti como para tu empresa.

Pero además te ayudamos a la realización y presentación de los modelos oficiales de declaración de los tributos de tus actividades, como el IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA.

Servicios Laborales

Tu empresa son también tus trabajadores y desde Leasba Consulting te asesoramos en tres aspectos claves:

  • Contratación laboral de trabajadores con el menor coste de Seguros Sociales posible.
  • Asistencia jurídica en materia de despidos y reclamaciones sociales.
  • Cálculo y configuración de boletines de cotización a la Seguridad Social.

consultoria_graf

Creación de empresas

En Leasba Consulting ofrecemos apoyo para todo el proceso de creación de una nueva empresa. Realizamos Planes de Viabilidad, identificando, describiendo y analizando una oportunidad de negocio, aconsejando o no la puesta en marcha del proyecto.

También nos encargamos de la comunicación de tu empresa, ofreciendo desde el diseño de web corporativa hasta el diseño gráfico de la imagen, logotipo, folletos, etc. para ayudar a comunicar tu mensaje de una manera clara y efectiva.

Así que ya sabes, si necesitas asesoramiento jurídico o financiero y no sabes a quien recurrir….en Leasba Consulting te ponemos todos los medios para que llegues alto. 

Participaciones Preferentes

preferentes

Las participaciones preferentes son productos complejos, sin vencimiento y con una rentabilidad supeditada a que la entidad financiera tenga beneficios. ¿Por qué se llaman preferentes? Porque en caso de quiebra los titulares de las participaciones cobran antes que los accionistas, que son siempre los últimos en cobrar.

El problema ha surgido en el momento en que estalla la crisis financiera, momento en el que las preferentes se convierten en algo parecido a una acción, dejando de percibir intereses y, lo más grave, produciéndose la pérdida de parte de su valor, el cual no se puede recuperar en el momento en el que se reclama por un doble motivo: en primer lugar, porque la entidad financiera no tiene la obligación de devolver el capital inicial si no quiere y, en segundo lugar, porque en el mercado secundario (bolsa) no hay demanda al precio del capital sino a un precio muy inferior, con la consiguiente pérdida económica si se colocan en este mercado.

Con este panorama, mucha gente se ha visto atrapada en esta telaraña por un motivo, que es el desconocimiento del producto que contrataban, creyendo que su dinero se colocaba en un plazo fijo y no en participaciones preferentes. Es evidente que en muchos casos ha podido mediar un engaño por parte de la entidad financiara hacia el cliente, siendo éste el punto desde donde se puede reclamar.

En efecto, cada vez es más frecuente ya la reclamación por parte de los clientes afectados por vía del Arbitraje o ante los Tribunales de Justicia. La firma de un contrato supone una serie de derechos y obligaciones para ambas partes contratantes, y cuando existe un vicio en alguno de los elementos esenciales del contrato, puede sobrevenir la nulidad de pleno derecho.

Es evidente que en muchos casos el requisito del libre consentimiento se ha visto afectado porque al cliente no se le ha explicado en lo que consiste el producto o, directamente, ha podido ser engañado por lo que puede existir un claro vicio en el elemento esencial del consentimiento (desconocimiento por parte del cliente del producto que se está contratando y ausencia de obligación de conocer las características de dicho producto porque el cliente no es un técnico en la materia, debiendo ser convenientemente informado), y por ende, una nulidad en el contrato.

La consecuencia práctica de la nulidad contractual supone la obligación, por parte de la entidad financiera, de la devolución de la cantidad que el cliente colocó en participaciones preferentes, amén de una posible indemnización por los perjuicios causados.

Desde los Servicios Jurídicos de Leasba Consulting estamos en disposición de poder ofrecer la reclamación encaminada a la recuperación de su dinero invertido o colocado en participaciones preferentes, estudiando su caso concreto y ofreciendo la alternativa jurídica más ventajosa para sus intereses.

Nueva temporada de “El Rincón Jurídico de Onda Cero” con José Luis Sánchez Calvo

Ya podéis consultar los primeros programas de la nueva temporada de “El Rincón Jurídico de Onda Cero”

Os recordamos que en ese espacio nuestro responsable de los servicios jurídicos,José Luis Sánchez Calvo, trata temas de actualidad con un lenguaje cercano para las personas que no son expertas en Derecho, pero sin perder el rigor jurídico exigible para la exposición de los temas.

 

El rincón Jurídico de Onda Cero
 Todos los Lunes pasados unos minutos de las 13:30 en Onda Cero León