Aspectos legales del comercio electrónico

En España el comercio electrónico o ecommerce sigue aumentando sus cifras de venta y cuota de mercado debido al incremento de usuarios en Internet, facilidad de conexión a través de Smartphones y crecimiento de la confianza de los usuarios.

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Al vender por Internet a través de un ecommerce debemos tener en cuenta que existen ciertas obligaciones y requisitos legales que debemos cumplir, al igual que en el caso de los negocios físicos. Dichos aspectos legales dotan de seguridad jurídica al negocio y de reconocimiento por parte de comerciantes y consumidores. El no cumplimiento de la ley llevará consigo la imposición de multas y el deterioro de la imagen del negocio.

Las leyes vigentes para los comercios electrónicos son muy dinámicas ya que las fórmulas de negocio y las tecnologías se van transformando.  Es por ello, que los comerciantes deben estar al día para garantizar la adecuación a la Ley en todo momento.

A continuación os presentamos algunos de los aspectos legales más relevantes:

Forma jurídica y obligaciones fiscales: antes de iniciar la actividad es recomendable presentar el modelo 303 de Hacienda con el que se conseguirán ventajas para deducir o desgravar los gastos y el IVA de los productos que se adquieran. De igual forma, se deberá presentar el modelo 036 o el 037 según se trate de un autónomo o de una empresa. Además, en los 30 días sucesivos a la presentación de estos últimos modelos se deberá dar de alta en la Seguridad Social.

Aviso legal: según la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en España, se debe identificar a la persona o entidad que se haga cargo de la actividad, el domicilio legal, NIF, registro mercantil, y todos los datos de contacto o mecanismos de resolución de consultas como teléfono o dirección de correo electrónico.

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Política de privacidad: en este aspecto hay que atenerse a lo dictado en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta ley recoge la obligación de dar a conocer el titular de la web, la finalidad de la misma; los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos recopilados del usuario, cómo puede ejercerlos y ante quién. Además, se debe indicar si es obligatoria o no toda aquella información que se solicite del cliente.  Todos los datos recogidos deben recogerse en un fichero inscrito en el Registro de Protección de Datos.

Información sobre Cookies: como ya te habrás fijado, al iniciar la navegación en un sitio web se debe incluir un aviso legal sobre las cookies con fines publicitarios o comerciales. Este aviso requiere la aceptación o no de dichas cookies por parte del usuario.

Propiedad Intelectual: las imágenes, fotografías y otros materiales externos a la propia empresa y empleados en el sitio web deben tener cedidos sus derechos de autor, permisos, licencias o autorizaciones.

Información de envío al cliente: antes de que el cliente acepte la compra se le debe haber informado sobre las características del producto, los plazos de entrega y el derecho de desistimiento.

Pasos para realizar la compra: el vendedor debe guiar al comprador durante todo el proceso de compra, indicándole los pasos a realizar en cada momento. Cuando se vaya a ejecutar la compra, se debe emplear una expresión que no deje lugar a dudas de que se requiere un desembolso económico.

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Información sobre los precios: los precios de los productos o servicios deben estar expresados con claridad y se debe incorporar toda la información sobre los impuestos o tasas que se incluyen en ellos.

Gastos de envío y coste de las devoluciones: la cuantía de los gastos de envío y de los gastos derivados de la devolución de los productos deben ser señalados con claridad.

Comunicaciones comerciales y newsletters: este tipo de comunicaciones, como el email marketing, deben ser autorizadas por los clientes.

¡Si tienes alguna duda o quieres que te ayudemos a cumplir todas estas leyes vigentes, no dudes en ponerte en contacto con nosotros!

 

Regulación de las vacaciones: Retribución y disfrute

La Constitución Española recoge el derecho de los trabajadores a disfrutar de un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas para contratos laborales de un año (para contratos inferiores hay que calcular la proporción). Una excepción son los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que tienen derecho a 18 días hábiles pagados de interrupción de contrato.

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Las fechas de disfrute de las vacaciones serán fijadas entre el empresario y trabajador y podrán ser fraccionadas, siempre y cuando una de esas fracciones abarque mínimo 2 semanas laborables ininterrumpidas. El calendario de las vacaciones se debe conocer como mínimo dos meses antes de su comienzo.

Las vacaciones suelen disfrutarse en el año natural a excepción de si coinciden con un permiso por maternidad o paternidad, enfermedad o accidente.

Cuando se rescinde o termina el contrato, las vacaciones que no hayan sido disfrutadas deben incluirse en la liquidación, cotizándose por ellas. En el resto de casos no será posible compensar las vacaciones con dinero.

En el período vacacional, el trabajador recibirá el mismo salario que en una jornada ordinaria de trabajo. Complementos como dietas por desplazamiento, plus de transporte o comisiones por venta, no serán incluidos a no ser que se hayan pactado con anterioridad.

El trabajador durante su periodo vacacional tiene libertad y, por lo tanto, podrá realizar tareas laborables para otra empresa. Este aspecto es muy delicado, puesto que podrá llevar las tareas a cabo siempre y cuando no se haya pactado la no concurrencia, y aunque no se haya pactado, no incurra en concurrencia o competencia desleal, desempeñando tal actividad en el sector en el que el trabajador presta sus servicios en la empresa en la que está contratado. En estos casos, existiría  un incumplimiento grave y culpable del trabajador que podría conllevar como sanción incluso el despido.

¿Te ha quedado alguna duda? En Leasba te asesoramos y ayudamos.

Retos regulatorios de las nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías vienen pisando fuerte generando avances y mejoras. Sin embargo, no pueden estar ajenas al Derecho y, desde este punto de vista, existe una gran falta de regulación que proteja las tecnologías y velen por los derechos de los usuarios.

Una de las principales dificultades para las empresas, es la existencia de normativas diferentes en cada país, por lo que deberán cumplir unas u otras en función del país en el que se quieran instalar e independientemente de su país de origen.

A continuación, vamos a analizar algunas de estas nuevas tecnologías que aún no tienen demasiadas regulaciones.

Cloud Computing 

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La nube es una gran oportunidad para las empresas ya que les permite alojar todo un software en la red sin necesidad de instalarlo en el ordenador, y con un bajo coste. El inconveniente que plantea es el desconocimiento del nivel de protección de los datos o de la información almacenada.

Las empresas proveedoras de servicios en la nube pueden almacenar los datos en cualquier parte del mundo, aspecto que tiene sus ventajas como la protección de los datos, pero también produce controversias a la hora de aplicar la ley.

Según la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) no es posible subir datos a la nube sin verificar en qué país o países se encuentran y, además, dichos países deberán tener una legislación de protección de datos similar a la nuestra.

Big data

En la actual LOPD no se especifica una normativa específica para el Big Data, aunque si se limita el cruce de datos con el objetivo de preservar la privacidad de los usuarios. Además, los usuarios deben dar su consentimiento para que las empresas recaben información sobre ellos.

Todos los datos recogidos deben ser empleados con el objetivo para el que fueron recabados, a excepción de los datos obtenidos con “disociación de la identidad desde su origen” que quedan excluidos de su tratamiento bajo la regulación de la LOPD.

Redes Sociales

Los consumidores ya no solo consumen, si no que ahora son creadores de contenidos. Este hecho dificulta la gestión de la propiedad intelectual, que en muchos casos es cedida a las plataformas digitales en las que se cuelgan esos contenidos. Además, esto implica que puedan ser utilizadas por cualquier usuario, vulnerando así los derechos de la Propiedad Intelectual.

Otro aspecto es la suplantación de la identidad de los usuarios en las redes sociales, aspecto que aún no está regulado. En caso de que esto ocurra se recomienda acudir a las plataformas digitales para que solucionen el problema antes de tomar acciones legales.

Drones

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La regulación de los drones lleva vigente en España casi dos años. Según esta regulación existen dos tipos de drones para los que es necesario estar en posesión de un carnet de piloto. En cualquiera de los casos, queda prohibido sobrevolar núcleos urbanos o espacios con alta masificación de gente y se debe pedir un permiso expreso a AESA.

Estas restricciones ponen un límite a las aplicaciones de esta nueva tecnología, ya que empresas como Amazon están estudiando la posibilidad de emplearlos para entregar sus productos a los clientes de forma más rápida y eficiente. Países como Estados Unidos ya ha cambiado su legislación para facilitar a las empresas esta aplicación, ¿deberá España seguir con el ejemplo?

Coches autónomos

En los países pertenecientes a la Unión Europea aún no existe una normativa para estos vehículos. Tan sólo se menciona que deberá haber siempre una persona al volante. Para permitir que estos vehículos circulen por las carreteras de nuestro país deberá existir una homologación de los vehículos y una legislación sobre seguros y responsabilidad civil. La mayor incógnita que se plantea actualmente es quien sería el responsable en caso de accidente.

Impresoras 3D

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Las impresoras 3D ya son asequibles por los consumidores que pueden comenzar a escanear sus propios objetos.

La regulación de esta nueva tecnología deberá atender cuestiones jurídicas sobre la Propiedad Intelectual e Industrial, como la descarga de los diseños ilegalmente, la fabricación de objetos patentados o la fabricación de productos de marcas que puedan no distinguirse del producto original.

Importantes cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

De los muchos cambios y reformas legislativas que se han producido en las últimas fechas, una de las más significativas es la que ha afectado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, norma que marca las reglas del juego del procedimiento penal, y que ha venido a modernizar y a recoger aspectos demandados por la sociedad y otros que tratan de convertir dicho procedimiento penal en más ágil y eficaz.

Los títulos de las dos leyes que han venido a modificar dicho cuerpo legal son bastante significativos. A saber, la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de la investigación tecnológica, y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

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Una de las modificaciones más importantes es la que afecta a la duración de la instrucción judicial. Por desgracia, en los últimos tiempos hemos asistido con frecuencia en los medios de comunicación al desfile de terminología procesal penal como consecuencia de la multitud de causas abiertas derivadas de los múltiples casos de corrupción que han asolado nuestra sociedad. Uno de los términos más repetidos es el de la instrucción de los procedimientos penales, que no es otra cosa que la fase de investigación que lleva a cabo un Juez instructor en la que se tratan de esclarecer determinados hechos presuntamente constitutivos de delito y de recabar todas las pruebas posibles sobre los mismos a fin de que, si resultan ser delictivos, puedan ser posteriormente enjuiciados en la fase de juicio oral por otro Juez o Tribunal diferente al instructor.

Pues bien, en muchos casos esa fase de instrucción se eterniza (por ejemplo, el caso de los ERE de Andalucía o el caso Noos, entre otros), convirtiendo al proceso penal en ineficaz y provocando un juicio social paralelo que no se debería producir antes de que un Juez dictara una sentencia condenatoria. Ahora, con la modificación se introducen límites temporales en dicha instrucción judicial, estableciéndose en seis meses para las causas sencillas y en dieciocho meses para las complejas, prorrogables por iguales períodos. Considero que dicha modificación es un acierto al limitar dicha fase de instrucción, sin embargo también corremos el riesgo de que, ciertas causas que resultan ser muy complejas en la investigación y en la obtención de pruebas, puedan quedar impunes al llevarse a cabo una instrucción insuficiente, puesto que se ha marcado un tiempo máximo para la misma. No obstante, entiendo que la reforma era necesaria en aras de agilizar el proceso penal.

La limitación comenzará a aplicarse a los sumarios ya abiertos, aunque para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el tiempo ya transcurrido de instrucción.

Otra modificación importante es la que se ha operado para los procesos llamados macrocausas, en los que existen múltiples imputados y múltiples delitos. Ahora se podrán separar las diferentes piezas de dichos macroprocesos, de manera que pueda instruirse de modo independiente una causa por cada delito, y que puedan enjuiciarse individualmente, sin esperar a la finalización de una farragosísima instrucción que afectaba a una pluralidad de delitos y que no se podía alcanzar la fase de juicio hasta que no finalizase la instrucción de todos los delitos en su conjunto.

Otro término que cambia es el del famoso “imputado”, que es la persona sobre la que recaen, en fase de instrucción, indicios racionales de comisión de un delito, aunque un imputado no es ni mucho menos un condenado, como la sociedad casi nos lo ha querido hacer ver en los últimos tiempos. Un imputado puede incluso llegar a dejar de serlo en fase de instrucción al no encontrarse pruebas o indicios suficientes que puedan acreditar que haya sido responsable de un delito, y también puede llegar a ser en su día juzgado y resultar absuelto al no poder demostrarse su culpabilidad, por lo que la identificación entre el término imputado y condenado ha llegado a ser totalmente nociva, de ahí su modificación.

En la actualidad el imputado pasa a ser “investigado”. Si resultaran indicios suficientes de criminalidad en la fase de instrucción, pasará a denominarse “encausado”, término equivalente al de acusado. Pero no olvidemos que una persona es culpable sólo en el momento en que un Juez dicta una sentencia condenatoria, no antes.

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También es digna de mención la modificación que se hace a fin de acabar con las llamadas “penas de telediario”, es decir, se regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de una persona durante su detención. Para ello los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podrán adoptar las medidas necesarias dirigidas a evitar esas exposiciones públicas que ayudan a prejuzgar socialmente a una persona. Recordemos, entre otros muchos casos de famosos, el escarnio público de la introducción de Rodrigo Rato en un vehículo policial por parte de un agente en el momento de su detención.

Sin ánimo de ser exhaustivo, me referiré por último, a la regulación que se va llevando a cabo sobre las nuevas tecnologías. Hemos de destacar que se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, tales como los SMS y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de whatsapp, evidentemente contando siempre con previa autorización judicial.

Además, el juez podrá autorizar la utilización de claves, códigos y un software de vigilancia (similar a virus o troyanos) en un ordenador, un teléfono móvil o un dispositivo electrónico sin que el titular tenga conocimiento de su intervención.

La Ley hace hincapie en que, si se autorizan estas intervenciones, deberán estar totalmente justificadas por lo que la resolución judicial que autorice dicha injerencia deberá precisar el ámbito objetivo y subjetivo de la medida, además de razonarse de modo pormenorizado que cumple con los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

También el texto introduce la figura del agente encubierto en internet, que no es otra cosa que un policía que podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa. Recabando la correspondiente autorización judicial, el agente encubierto podrá obtener imágenes, grabar conversaciones y actuar en canales cerrados de comunicación, intercambiando o enviando archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de una investigación, provocando con ello la intervención más clara del presunto delincuente al que se le está investigando, facilitando con ello la obtención de pruebas más claras que demuestren la culpabilidad del ciberdelincuente.

La reforma recoge más variaciones que no podemos tratar de un modo total en este artículo por lo que podrán ser objeto de análisis en un momento posterior.

En definitiva, todo cambio legislativo conlleva críticas a favor y en contra, y éste no va a ser menos. Sin embargo, considero que es necesario ir modernizando las leyes conforme a los avances que va experimentando la sociedad. Sólo una perspectiva temporal nos dará los elementos de valoración necesarios para analizar el carácter positivo o negativo de la reforma analizada, a medida que vaya siendo aplicada por los Juzgados y Tribunales y se vaya comprobando su utilidad y eficacia. Hasta entonces, bienvenidas sean estas modificaciones.

¿Debo de contratar un plan de pensiones?

Cuando nos acercamos al final del año o del ejercicio económico marcado por este, esta es una de las preguntas más recurrentes, ¿debemos o no contratar un plan de pensiones para complementar nuestra jubilación?

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Son muchas las noticias que ponen en duda el actual modelo de pensiones públicas en nuestro país. Al menos como actualmente lo conocemos. Está claro que los políticos no tienen otra opción más que la de defender el actual modelo de gestión y asegurar que el sistema estará a salvo durante muchos años. La realidad y los datos son bien diferentes, la escasa recaudación de la Seguridad Social y la esperanza de vida cada vez mayor, hacen que el sistema tal y como hoy lo conocemos llegue a ser insostenible a medio plazo.

Un plan de pensiones es un instrumento financiero cuyo objetivo es el ahorro sistemático de cara a la jubilación, con el objetivo de poder mantener nuestro nivel de vida una vez llegado el momento de jubilarse. Con este instrumento el ahorrador decide cuanto quiere ahorrar y la periodicidad con la que desea hacerlo. De esta manera una vez llegado el momento de la jubilación dispondrá de unos ingresos extra, que complementaran los que el estado pueda ofrecer dentro del sistema público de pensiones.

Para contestar a la pregunta inicial, debemos de plantearnos otras cuestiones antes. ¿Cuándo es el mejor momento para contratar un plan de pensiones?, la respuesta es que cuanto antes lo hagamos mejor, salvando las actuales circunstancias socioeconómicas, en las que el acceso a mundo laboral de los jóvenes es cada vez a edades más tardías. Si empezamos a ahorrar nada más comenzar nuestra vida laboral, el esfuerzo que tengamos que hacer será menor para alcanzar el capital suficiente para constituir una renta significativa que complemente la pensión pública. También podremos adoptar posiciones más agresivas, en nuestra inversión, en los primeros años que nos ofrecerán una mayor rentabilidad, canalizando nuestro ahorro a posiciones más conservadoras según se acerque el momento de la jubilación.

¿Cuál es la mejor forma de hacer las aportaciones a un plan de pensiones?, cuanto menor sea la periodicidad mejor, es decir, mejor mensualmente que anualmente. De esta manera lograremos diversificar mejor el riesgo, neutralizando los altibajos de los activos en los que invierte el plan.

Por último, ¿qué otras variables deberíamos de tener en cuenta?, las comisiones deberían de ser algo muy a tener en cuenta, hay que tener siempre presente que las comisiones de los planes de renta fija deben de ser siempre inferiores a los de renta variable. En principio unas comisiones elevadas se ven justificadas por una gestión dinámica de la inversión para poder obtener una buena rentabilidad. Aun así siempre hay que sopesar estas comisiones ya que no siempre unas comisiones de gestión o depósito elevadas son sinónimo de un buen plan de pensiones, ni de que nos asegure la más elevada rentabilidad. Otras variables a tener en cuenta y que deberíamos de consultar con un profesional son, la inflación, la fiscalidad (presente y futura), los tipos de interés o la evolución de los mercados.

La ventaja fiscal de estos productos está en que las aportaciones al plan de pensiones reducen la base imponible y permiten pagar menos en la declaración de la renta. Tanto las aportaciones como las plusvalías tributan como rendimiento del trabajo a la hora de cobrarlos.

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Tras la reforma fiscal que entro en vigor a partir del 1 de enero de 2015, en el marco de la Ley 26/2014 de 27 de noviembre, el límite financiero para las aportaciones es de 8.000 euros independientemente de la edad del ahorrador, y no como ocurría antes de la reforma que el límite estaba en 10.000 euros para aquellos que fueran menores de 50 años y 12.500 euros para mayores de 50 años. El tope fiscal, pasa a ser la menor de las siguientes cantidades: 8.000 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas.

El rescate del plan de pensiones seguirá tributando como renta del trabajo, pero el tipo se reduce a la horquilla 19,5-47% para el 2015 y al 19-45% a partir de 2016[1]. Si el rescate se hace en forma de capital, para las aportaciones realizadas antes de 2007, se aplicará una reducción del 40%, si se saca el dinero en el ejercicio en que se jubiló el ahorrador o en los dos siguientes (a partir del 01/01/2015).

A la hora de elegir una gestora para nuestro plan de pensiones, no todas son iguales, tendremos que analizar la solvencia de la entidad, la calidad de la información que nos suministran y su posición en el ranking de rentabilidades a largo plazo, aunque siempre hay que tener en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, este dato puede orientarnos acerca de la calidad de su gestión.

A modo de ejemplo, vamos a calcular cuánto dinero podemos llegar a acumular en el momento de la jubilación en el supuesto de que comencemos a ahorrar a los 38 años de edad una cantidad de 100€ mensuales, que iremos incrementando en 5€ cada año (tendremos un horizonte temporal para el ahorro de 30 años, hasta el momento de la jubilación a los 67 años de edad). Siguiendo el modelo que hemos planteado en este artículo, apostando por la renta variable al comienzo de la inversión e ir trasladando nuestra inversión paulatinamente a un perfil más conservador. Supongamos las siguientes rentabilidades:

Llegaríamos a acumular en el momento de la jubilación la cantidad de 101.754€. Si suponemos una esperanza de vida media de 20 años después de la jubilación, dispondríamos de 424€ mensuales para complementar la pensión del estado.

[1] Gravamen definitivo en IRPF para 2015, según Real Decreto Ley 9/2015 de 10 de Julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico. Puede variar según la Comunidad Autónoma en la que se tenga la residencia fiscal.

 

Nulidad de la cláusula suelo y retroactividad total

En el presente artículo, vamos a intentar aproximarnos a algunos aspectos relativos a la conflictividad que, en los últimos tiempos, se ha venido produciendo como consecuencia de la introducción en los contratos de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda de la cláusula limitativa de interés variable o, más comunmente conocida como cláusula suelo.

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Debemos, en primer lugar, hacer referencia a un aspecto de capital importancia. En el momento en el que los Tribunales de Justicia declaran nula la cláusula suelo del préstamo hipotecario están refiriéndose exclusivamente a dicha cláusula, subsistiendo el resto del contrato de modo totalmente válido para las partes firmantes (entidad financiera y prestatario).

 

En efecto, es muy importante subrayar que en las sentencias que se vienen dictando no se declara una nulidad de pleno derecho del contrato de préstamo hipotecario por falta de alguno de los elementos esenciales del contrato (consentimiento, objeto o causa), a la que habría que aplicar el artículo 1.261 del Código Civil o, en su caso, el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal y que vendría a privar de eficacia jurídica a la totalidad del contrato desde el momento en el que se celebró, sino que lo que se viene declarando nula por los Tribunales de Justicia es unicamente una cláusula de ese contrato, es decir la cláusula suelo, al calificarse como abusiva por falta de transparencia.

 

Derivado de lo anterior y de las numerosas sentencias dictadas anulando dicha cláusula, surge indefectiblemente la siguiente pregunta, ¿es ilegal la introducción de una cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario? La respuesta debe ser, en principio, que no es ilegal. Aunque la aplicación de la cláusula no es contraria a la ley, según estableció el Banco de España y la Ley hipotecaria española si resulta abusiva cuando los bancos y entidades financieras no informan de su presencia y sus consecuencias. En el contrato hipotecario debe aparecer de forma clara y precisa la clausula y, en todo caso, debe ser explicada de un modo exhaustivo al comprador de vivienda u otro bien. Las propias normas bancarias y de intervención de las entidades de crédito exigen esta transparencia que permite la protección de los suscriptores de hipotecas, siendo esta falta de transparencia el motivo por el que los Tribunales vienen invalidando la cláusula en cuestión.

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Pues bien, del mismo modo que la falta de algún elemento esencial en un contrato viene a anular la totalidad del mismo con efectos ex tunc (desde el momento en que se firma), eliminando todos sus efectos como si nunca hubiese existido, la anulación de una cláusula contenida en un contrato ha de tener el mismo efecto, esto es, la completa eliminación de sus efectos con total carácter retroactivo (ex tunc), como si nunca hubiese existido en el contrato.

 

Y es en este punto en donde se produce la actual diatriba y la incongruencia jurídica que ha provocado el Tribunal Supremo en la ya famosa Sentencia de 9 de mayo de 2013, en la que se vinieron a declar nulas las cláusulas suelo de las hipotecas por falta de transparencia y, paradójicamente, no viene a reconocer el natural efecto jurídico que se deriva de la declaración de dicha nulidad, es decir, la aplicación de la total retroactividad como si la cláusula nunca hubiese existido.

Esta postura elegida por el Tribunal Supremo choca frontalmente con lo establecido en el artículo 1.303 del Código Civil, el cual esteblece que “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses”.     Es decir, el Alto Tribunal debió decretar la total retroactividad en la anulación de dichas cláusulas resolviendo los procesos favorablemente para el consumidor, que tendría derecho a la devolución de la totalidad de las cantidades indebidamente cobradas por las entidades financieras a lo largo de toda la vida del préstamo.

 

Es público y notorio que la no declaración de la total retroactividad ha venido motivada por el miedo a un posible quebrantamiento del sistema financiero, cuyas consecuencias podrían devolvernos nuevamente a una recesión económica y a los tiempos oscuros que recientemente todos, o casi todos, hemos padecido. El Alto Tribunal argumentaba que no debía imponer la retroactividad porque eso pondría en peligro la solvencia de un sector financiero que acababa de ser rescatado con 40.000 millones de dinero público y, por perseguir la eliminación de un mal -las cláusulas suelo-, se podría acabar provocando un mal mayor -mayores necesidades de dinero público para las entidades-.

 

Empero, con esta decisión, no se hace honora a la Justicia y los Magistrados del Tribunal Supremo lo saben perfectamente, habiéndo prevalecido el interés económico sobre el concepto que le corresponde impartir a los Tribunales, es decir, Justicia con todas sus consecuencias. Por ese motivo y porque esa decisión rechinaba cada día más, el Alto Tribunal, en una nueva sentencia sobre cláusula suelo dictada el 25 de marzo de 2015, y que se hizo pública a mediados del mes de abril, optó ya por reconocer la retroactividad, pero no de un modo completo, estableciendo que las entidades financieras debían devolver a sus clientes lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo sólo desde el mes de mayo de 2013 (fecha de la primera sentencia dictada), por lo que los bancos no tendrán que devolver las cuotas anteriores al fallo del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

 

Con esta decisión, se ha tratado de buscar una postura ecléctica, reconociendo cierta retroactividad, lo que acerca un poco más a la aplicación del artículo 1.303 del Código Civil, pero se queda a medio camino debido al miedo a provocar unos efectos económicos negativos. Algo hemos avanzado pero sigue sin hacerse una total Justicia sobre esta cuestión.

 

La confirmación de la “alegalidad” de tales decisiones del Tribunal Supremo se ha visto confirmada con la postura que recientemente ha adoptado la Comisión Europea, la cual ha emitido un informe firmado en fecha 13 de julio pasado, si bien se enviaron dos correcciones al Tribunal el 14 de septiembre, que tumba la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a tres bancos a devolver las cláusulas suelo de las hipotecas solo desde mayo de 2013. Bruselas pide que se reintegre todo el dinero cobrado por aplicar estas cláusulas desde el inicio del crédito, no solo desde mayo de 2013. La Comisión entiende que no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de lo pagado por el consumidor, ya que si una cláusula es declarada nula, “lo es desde el origen” reconociendo, en consecuencia, una total retroactividad.

 

Los juristas de la Comisión Europea han elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un informe en respuesta a un caso de CajaSur, filial de Kutxabank, por una cláusula suelo de una hipoteca. La demanda fue interpuesta por Ausbanc. Tras 22 folios de razonamiento jurídico, la Comisión desmonta la argumentación de retroactividad parcial sostenida por nuestro Tribunal Supremo.

 

En el escrito, Bruselas razona que, según los artículos 6.1 y 7.1 de la directiva 93/13/CEE, “no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ya ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia”.

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¿Y qué pasaría con los afectados por las miles y miles de sentencias ya dictadas que no han reconocido la retroactividad o la han reconocido de modo parcial hasta mayo de 2013? En ese sentido, la Comisión considera que “el cese en el uso de una determinada cláusula declarada nula por abusiva, como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor, no es compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad, salvo que dicha limitación sea necesaria para preservar el principio de cosa juzgada”. Es decir, rinde tributo a la seguridad jurídica ya que, para preservar ésta, la protección que otorga la Directiva tiene como límite infranqueable la cosa juzgada, de tal manera que los casos que hayan sido resueltos por los Tribunales mediante sentencia firme no podrán ser modificados.

 

¿Qué puede pasar a partir de ahora? En primer lugar, debe posicionarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual dirime ahora sobre la legalidad de esta decisión fundamentada en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, y ver qué implicaciones tiene su sentencia.

 

Mientras tanto, se deben mantener ciertas reservas hasta que se posicione el Tribunal de Justicia, pero estas cuestiones prejudiciales parece que podrían cambiar el rumbo de las resoluciones que hasta el momento se han dictado, y que han generado un gran problema de seguridad jurídica.

 

Estaremos expectantes.

 

Factura simplificada: En qué casos es obligatoria y qué debe contener

Si bien hace tiempo que entró en vigor la nueva normativa de facturas simplificadas, a día de hoy es muy frecuente encontrarse a muchos negocios que todavía no tiene adaptado el software y TPV’s. Por ese motivo vamos a dar unos conceptos de cómo debe ser una factura simplificada y que datos son obligatorios.

A raíz de la directiva europea 2010/45/UE, con el fin de armonizar el sistema de facturación, se publica el R.D 1619/2012 de 30 de noviembre, en el que se recoge el reglamento sobre las obligaciones de facturación. Dicho reglamento entró en vigor el 1 de enero de 2013, y en lo referente a la emisión de las facturas simplificadas (anteriormente conocidas como tiques), es visible la falta de adaptación de los comercios a la legislación vigente. Para empezar, existe la obligación de expedir factura simplificada para aquellos negocios que no se encuentre en el régimen de recargo de equivalencia ni en régimen simplificado del iva (módulos)

Cambios en las obligaciones de facturacion Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre

Los negocios que se encuentre fuera de estos regímenes expedirán factura simplificada en los siguientes supuestos:

 

a) Cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, o

b) cuando deba expedirse una factura rectificativa.

Cuando la factura exceda de 400 euros deberá expedirse en el formato normalizado, exceptuando en los siguientes casos, que se limita a 3000 euros:

a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos entregados.

A estos efectos, tendrán la consideración de ventas al por menor las entregas de bienes muebles corporales o semovientes en las que el destinatario de la operación no actúe como empresario o profesional, sino como consumidor final de aquellos. No se reputarán ventas al por menor las que tengan por objeto bienes que, por sus características objetivas, envasado, presentación o estado de conservación, sean principalmente de utilización empresarial o profesional.

b) Ventas o servicios en ambulancia.

c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.

d) Transportes de personas y sus equipajes.

e) Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto.

f) Servicios prestados por salas de baile y discotecas.

g) Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público, así como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador.

h) Servicios de peluquería y los prestados por institutos de belleza.

i) Utilización de instalaciones deportivas.

j) Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.

k) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.

l) Alquiler de películas.

m) Servicios de tintorería y lavandería.

n) Utilización de autopistas de peaje.

En cualquier caso, el reglamento impide la emisión de facturas simplificadas en los supuestos de venta de mercancía a otro estado de la UE.

El contenido que debe tener una factura simplificada es el siguiente:
  1. Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas dentro de cada serie será correlativa
  2. La fecha de su expedición.
  3. La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
  4. Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición.
  5. La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.
  6. Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA incluido».
  7. Contraprestación total.
  8. En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura rectificada y de las especificaciones que se modifican.

Os dejamos unos ejemplos para intentar aclarar dudas:

Factura simplificada

 

Café con Leasba: Las Preferentes

Hoy os queremos hablar de un tema que lamentablemente sigue siendo actualidad, las preferentes. Para ello nos tomamos un café con nuestro Director de Servicios Jurídicos, Jose Luis Sánchez Calvo, que nos da su opinión sobre el tema.tecnologia-oficina-cafe-ordenadores-portatiles_3342201

“Últimamente, se ha hablado y escrito mucho sobre la tropelía que las entidades financieras llevaron a cabo con sus clientes de toda la vida, que tenían depositados sus ahorros y que no querían correr ningún riesgo. Su actitud ha sido vergonzosa, rompiendo la  confianza generada a lo largo de años y vulnerando el principio de buena fe con engaños a la hora de comercializar estos productos.

Abordaremos el asunto, desde dos perspectivas:

  • Hechos acontecidos y su causa: Cuando la situación económica comenzó a torcerse y las entidades financieras no pudieron tapar el agujero de los impagos de los préstamos concedidos de modo desmedido, necesitaron capital. Y la artimaña fue la captación del mismo para recursos propios. Si se hubiera explicado convenientemente que lo que está contratando no es un plazo fijo o similar, sino que está invirtiendo su dinero en el banco o caja (como accionista), que va a ser de modo perpetuo y con alto riesgo, la mayoría de los afectados no hubieran firmado ni locos.

Pero no sólo no se les informó, sino que se les engañó vilmente, haciéndoles creer que sus ahorros tenían alta rentabilidad, estaban seguros y podían recuperarlos cuando quisieran.

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  • Breve análisis jurídico: El ordenamiento español, adaptado a las directivas comunitarias, exige que se debe informar a los clientes que vayan a contratar productos financieros, y más cuando éstos son de riesgo, exigiendo una previa clasificación del cliente (MIFID), y sometiéndole a un test de idoneidad.

Es la ausencia de información, o peor, la interesada información errónea transmitida al cliente,  lo que motiva la nulidad de estos contratos suscritos.

En efecto, los elementos esenciales de todo contrato son tres: consentimiento, objeto y causa. El vicio recae en el primero de ellos, existiendo en estas situaciones un diáfano ERROR EN EL CONSENTIMIENTO; error que es invencible, puesto que el ahorrador no podía conocer los riesgos al no ser informado correctamente. Al darse ese error sobre un elemento esencial y no ser imputable al consumidor/ahorrador contratante, deviene la nulidad contractual de pleno derecho.

Al ser nulo el contrato, el afectado recuperará en el juzgado todo su dinero. Así se vienen pronunciando las últimas sentencias judiciales.”

En Leasba Consulting, gracias a nuestros abogados, hemos ganado hasta el momento, con condena en costas para las entidades financieras, todas las demandas interpuestas en defensa de los preferentistas.”

Si eres un afectado, ven a Leasba Consulting, podemos ayudarte a rescatar con éxito tus ahorros.

Somos Leasba: Declaración de la Renta

A partir del día 1 de Abril se abre el plazo para pedir el borrador de la declaración de la renta. Este año se presentan algunas novedades debido a cambios en la legislación, si no te has enterado, nosotros te lo contamos:

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  • El principal cambio en el año es el fin de la deducción por compra de vivienda habitual (para aquellas que se adquirieron durante 2013 o posteriormente). Sigue manteniéndose la desgravación para aquellos que hayan comprado la vivienda con anterioridad, fijada en el 15% (hasta un máximo de 9.040€).
  • Otra de las novedades más destacadas es la de inversores en nueva empresa o “Business Angels”. La ley de Emprendedores, que está en vigor desde el 29 de septiembre del 2013, incorpora un nuevo incentivo fiscal a favor de personas interesadas en aportar capital para el inicio de una actividad empresarial. El inversor podrá beneficiarse de una deducción del 20% de su aportación, con un límite de 50.000 euros (es decir, que podrá desgravarse un total de 10.000 euros).
  • La especulación bursátil, o en cualquier otro tipo de producto financiero, se grava más. Quien compra acciones y las vende antes de que haya pasado un año, deberá tributar por la base imponible general, y no por la base del ahorro, que es más baja.
  • Bienes en el extranjero. Es consecuencia de la amnistía fiscal, en vigor hasta diciembre del 2012. Evadir la declaración de los bienes en el extranjero, interpretando que la evasión prescribirá a los cuatro años, ya no vale. Ahora, si la administración te encuentra más de 50.000 euros en el extranjero, sin que los hayas declarado, considerará que ese capital lo has ganado en el ejercicio en el que se te ha detectado, e irá a tu base general.
  • El juego tributa. Los premios de las loterías y apuestas organizadas por Loterías y Apuestas del Estado y por las comunidades autónomas, Cruz Roja Española y por la Once. El gravamen se aplica a los premios obtenidos a partir del 1 de enero del 2013. Los premios que superen los 2.500€ tributarán a un 20% respecto de la parte que exceda de esos 2.500 euros.

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  • Tipos incrementados. Hacienda mantiene la subida que había aplazado en 2012 (entre 0,75 y 7 puntos porcentuales, según los ingresos), para el 2013 y seguirá haciéndolo el año que viene, antes de la bajada prevista para el 2015.

En Leasba Consulting te ayudamos con todo esto, pide tu borrador y déjanos el papeleo a nosotros.

Somos Leasba: Consultoria y Asesoria

En Leasba Consulting nos hemos propuesto que nos conozcas. Así que hoy os contamos como os podemos ayudar en temas fiscales y financieros.

Sabemos que el ahorro es muy importante, por ello intentamos que disminuyas la carga tributaria que soportas, evitando multas y sanciones administrativas, con una tributación correcta, asesorándote personalmente de forma periódica.

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A continuación te mostramos lo que podemos hacer por tí.

Servicios Jurídicos

En Leasba Consulting nos encargamos de proporcionar asistencia jurídica a empresarios, profesionales y entidades mercantiles, para ello contamos con un grupo de abogados especializados en diferentes ámbitos del derecho público y privado.

Servicios de Contabilidad

¿Eres empresario o tienes una entidad mercantil y estas harto de números, cuentas, facturas…? Nosotros te llevamos la contabilidad, así como un control de la tesorería y las finanzas de tus actividades y un seguimiento continuo del estado financiero de las mismas.

Servicios Tributarios

Es normal que no conozcas la legislación, por eso desde Leasba Consulting te lo ponemos fácil y te proporcionamos información y asistencia completa y periódica acerca de los deberes y obligaciones fiscales que tienes que cumplir.

También te orientamos y aconsejamos acerca de las posibilidades que te permitan un mayor ahorro fiscal, tanto para ti como para tu empresa.

Pero además te ayudamos a la realización y presentación de los modelos oficiales de declaración de los tributos de tus actividades, como el IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA.

Servicios Laborales

Tu empresa son también tus trabajadores y desde Leasba Consulting te asesoramos en tres aspectos claves:

  • Contratación laboral de trabajadores con el menor coste de Seguros Sociales posible.
  • Asistencia jurídica en materia de despidos y reclamaciones sociales.
  • Cálculo y configuración de boletines de cotización a la Seguridad Social.

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Creación de empresas

En Leasba Consulting ofrecemos apoyo para todo el proceso de creación de una nueva empresa. Realizamos Planes de Viabilidad, identificando, describiendo y analizando una oportunidad de negocio, aconsejando o no la puesta en marcha del proyecto.

También nos encargamos de la comunicación de tu empresa, ofreciendo desde el diseño de web corporativa hasta el diseño gráfico de la imagen, logotipo, folletos, etc. para ayudar a comunicar tu mensaje de una manera clara y efectiva.

Así que ya sabes, si necesitas asesoramiento jurídico o financiero y no sabes a quien recurrir….en Leasba Consulting te ponemos todos los medios para que llegues alto.